“El principal escollo que encontraremos si queremos fusionarnos con la caja de la comunidad de al lado no será la posible falta de viabilidad financiera del proyecto, sino las objeciones del alcalde para que se trasladase a otra ciudad nuestra sede social y la del presidente de la región, que no quiere perder su juguete financiero”.
Así, con un punto amargo, describía hace poco un directivo de una de las cajas de ahorro en las quinielas de fusión la situación a la que se enfrenta el sector en su inevitable proceso de concentración a raíz de la crisis. Las cajas se mueven entre dos fuerzas que pugnan en direcciones contrarias.
Por un lado, la falta de voluntad de los políticos autonómicos para promover procesos de integración entre entidades que las preparen para afrontar con mayor fortaleza el escenario post crisis. Por otro, la inercia inevitable del mercado, que tras la crisis financiera exigirá entidades más eficientes y de mayor tamaño para acceder a los mercados mayoristas.
“Si las circunstancias económicas se endurecen, el sector tendrá que ir hacia un gran proceso de consolidación”, apunta Luis de Sebastián, catedrático de Economía y profesor en Esade, para quien la forma en la que se produzca la posible fusión entre Unicaja y Castilla-La Mancha determinará que ese proceso sea más rápido o lento.
La consolidación no es, de todas formas, un proceso ajeno al sector. Desde que se equiparó la operativa entre bancos y cajas en 1977 con la reforma del ministro Enrique Fuentes Quintana, estas últimas han reducido considerablemente su número, pasando de 80 entidades a las 45 cajas actuales. Sólo entre 1989 y 1991 desaparecieron 22 cajas, según datos de Funcas, tras abrir la posibilidad a las entidades en 1988 de operar fuera de su marco geográfico autonómico, lo que desató un nuevo movimiento de concentración.
Uno de los escollos que encuentran ahora las fusiones es la posibilidad que la actual normativa de cajas confiere a los presidentes de las CCAA para vetar cualquier proceso de integración de una caja de su región con la de otra. La OCDE ha apuntado que las cajas no deberían estar sometidas a estas restricciones. Según fuentes socialistas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a su partido que se aborde una reforma de esta normativa para eliminar esta traba y a la vez reducir el peso político en las cajas, aunque es sólo un proyecto.
Algunos presidentes regionales, sin embargo, se van a ver obligados a aceptar la integración de su caja con la de otra comunidad, si el deterioro de la entidad cierra el camino a cualquier otra solución.
En este ámbito, el futuro del sector también arroja dudas. En principio, una fusión de una entidad en dificultades con otra sana, ambas regidas por gobiernos afines, estaría motivada por intereses políticos (evitar la quiebra de una entidad) y no empresariales, algo que no es visto con buenos ojos en la Ceca. Más sentido económico tendría abrir la puja a cualquier caja del país. Si no, se tendrá que compensar a la entidad sana con algo extra.
Los especialistas consultados ofrecen dos opciones: o una recapitalización estatal de la entidad en mal estado (el Ejecutivo se reservó esta posibilidad en el paquete de medidas de apoyo a la banca de octubre) o acudiendo al Fondo de Garantía de Depósitos, donde las cajas acumulan alrededor de 4.500 millones de euros. De momento, en la historia de las cajas nunca se ha recurrido a dinero público para la consolidación del sector.
Los beneficios de las fusiones bien planteadas son evidentes ante el actual escenario de menor negocio para las entidades: menores costes y mayor capacidad para acceder a los mercados mayoristas. Sólo falta la voluntad política de impulsarlas.
Fuente: Expansión
