Desde la lejana Kuala Lumpur el gobernador del Banco Central, Guillermo Ortiz, pronosticó que la producción industrial del país se habría desplomado entre 30 y 40% en enero pasado, confirmando los peores pronósticos sobre la gravedad de la crisis económica que azota a México
El dato que lanza el banquero central llega en momentos en que funcionarios del Gobierno Federal siguen calificando de “catastrofistas” a quienes –como el empresario Carlos Slim– pronostican el cierre de empresas y, como consecuencia, graves repercusiones sobre el empleo, y cuando la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reporta una caída del 57% en las exportaciones de vehículos durante enero pasado.
No hay duda. La crisis que viene del norte y sus consecuencias sobre la economía de México son mucho más severas y duraderas de lo que se nos ha dicho hasta ahora desde la esfera gubernamental.
Sin embargo, las negras predicciones de Ortiz sobre la economía real –de familias y empresas– son un factor adicional de presión sobre la tarea esencial, de la Junta de Gobierno del Banco Central, de mantener la estabilidad de los precios como lo ordena la Constitución y su propia ley orgánica. Dado que México es una de las economías más abiertas del mundo y el componente de bienes importados es elevado, los precios internos son altamente sensibles a las devaluaciones del peso mexicano, como ocurrió en el último trimestre del año pasado y en las primeras semanas del actual. De allí que la alta correlación entre movimientos en las tasas de interés internas y el nivel del tipo de cambio tienen un impacto directo sobre la estabilidad de los precios.
Allí está el dilema del Banco Central para los días y meses que siguen en términos de su política monetaria: Atender la estabilidad de los precios con una política prudente de tasas, suavizando los impactos sobre el peso, o escuchar las voces del Gobierno Federal y del sector privado que presionan por una reducción más acelerada de las tasas de interés bajo el argumento de evitar una recesión más profunda de lo que se prevé en la economía (el reportaje central de esta edición de El Semanario, en las páginas 16 a la 19, describe ampliamente este dilema, sus riesgos y alternativas en el corto plazo).
La presión para que el Banco Central asuma –además de la estabilidad de precios y la vigilancia sobre la buena salud del sistema financiero– la tarea de velar por el crecimiento económico y el empleo, va más allá de declaraciones mediáticas y reuniones a puerta cerrada. En días pasados la fracción panista en el Senado propuso una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley del Banco de México en ese sentido y con ello se abre la discusión formal en el Congreso en momentos en que la economía del país se debate entre la recesión y una potencial inflación, y los partidos políticos abren fuego de cara a las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en julio próximo.
La discusión sobre el rol del Banco Central en la economía es relevante, pero el momento en el que se plantea es inapropiado. Un Banco Central con funciones ampliadas no impedirá la velocidad ni la profundidad de la caída de la economía mexicana producto de la crisis global. No sólo es inútil para los fines que –se dice públicamente– se persiguen (sólo hay que considerar que la baja penetración del sistema financiero en la economía debilita y aplaza cualquier efecto de la política monetaria sobre la actividad económica), sino también contraproducente porque distrae y entorpece –con la estructura organizacional actual que posee el Banco Central– el objetivo de estabilidad de precios. Sería mucho más útil –en las actuales y complejas circunstancias– para los fines de estabilidad de precios que persigue el Banco Central, que éste asuma las decisiones de política cambiaria como lo hacen algunos otros bancos centrales de la región. Por ahora se trata de dotar de más herramientas para que cumpla eficazmente su labor autónoma y no de adicionarle tareas que ahora están asignadas al Gobierno Federal.
