Por Daniel De la Puente y Jonathan House
MADRID (EFE Dow Jones)--Cediendo a las presiones internacionales, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el miércoles una reforma laboral sin acuerdo entre empresarios y sindicatos.
Inicialmente, Rodríguez Zapatero se había comprometido a no sacar adelante la reforma sin un acuerdo entre los agentes sociales, aunque la presión de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional le han llevado a legislar después de meses de infructuosas negociaciones.
"[La reforma persigue] mejorar la productividad, dar mayor estabilidad en el empleo y dotar de mayor flexibilidad interna a las empresas", dijo en rueda de prensa el ministro de Trabajo Celestino Corbacho.
El decreto aprobado por el Gobierno debe recibir convalidación parlamentaria el próximo miércoles y a partir de aquí es previsible que se abra un segundo proceso para tramitar el texto como proyecto de ley de modo que los partidos políticos puedan hacer sus aportaciones.
"El Gobierno confía en que una reforma como está pueda hacerse con el mayor grado de apoyos, y ya ha contactado con los grupos parlamentarios para incorporar nuevas iniciativas", dijo la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.
El Gobierno consiguió sacar adelante con un solo voto un paquete de medidas de austeridad por importe de 15.000 millones de euros con el que cumplir los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea.
El Gobierno persigue con la reforma corregir la dualidad entre contratación temporal e indefinida que caracteriza el mercado de trabajo español. Para ello, pondrá un límite máximo en contratos por obra y servicio y evitará el encadenamiento sucesivo de contratos temporales, que copan la inmensa mayoría de los que se suscriben en la actualidad.
Además, el Estado asumirá de modo provisional una parte del costo del despido en una transición hacia el denominado modelo austríaco, que contempla la creación de un fondo de capitalización individual para cada trabajador en caso de despido, para formación o en el momento de la jubilación.
La reforma ha encontrado el rechazo frontal de los sindicatos, que han convocado una huelga general para el próximo 29 de septiembre al considerar que lesiona los derechos de los trabajadores y favorece a los empresarios, que tampoco se han mostrado conformes con la medida.
La reforma fomentará el uso del denominado contrato de fomento, que contempla una indemnización máxima de 33 días por año trabajado, aunque sigue vigente la indemnización de 45 días para contratos existentes. Este es uno de los factores que los sindicatos consideran abaratador del despido.
"Mayor flexibilidad no quiere decir mayor inseguridad", dijo Corbacho en la rueda de prensa.
Los sindicatos se han opuesto también a las nuevas causas de despido que contempla la nueva ley, que precisa los motivos del despido por razones económicas, aunque no da detalles concretos y dice que cada caso tendrá que ser analizado.
