El decreto ley que pone en marcha el nuevo fondo de reestructuración de la banca entró en vigor ayer, fecha desde la que pueden solicitar las entidades en dificultades ayudas públicas.
La reconversión del mapa de cajas de ahorros está en marcha desde ayer, día en que entró en vigor el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) con el que el Gobierno pretende reducir la sobrecapacidad del sistema financiero.
El Ejecutivo ha puesto a disposición a las entidades en dificultades –fundamentalmente cajas– un amplio menú de soluciones.
No todas han convencido dentro del sector bancario, ya que algunas de ellas suponen la puesta a disposición de dinero público, sin exigir una reestructuración profunda a través de una fusión a quien lo recibe. Ahora, las entidades podrán optar entre:
1) Cuando una caja o banco detecte que tiene dificultades que ponen en peligro su viabilidad, deberá informar de esta situación con "carácter inmediato" al Banco de España. Desde este aviso, tendrá un mes para presentar un plan de viabilidad, al que el supervisor debe dar el visto bueno. En esta fase, las entidades recibirán el apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que podrá ser financiado por el Frob –lo que pone en juego recursos públicos–. Quien reciba esta ayuda no se verá obligado a fusionarse y bastará con que refuerce su solvencia.
2) Aún en esta fase, puede darse el caso de que la entidad con problemas no llegue a comunicar al Banco de España su situación. El supervisor puede darle una nueva oportunidad y pedirle que elabore un plan de viabilidad que, si es aprobado, le daría acceso a recursos del FGD.
3) Ahora, si la entidad no consigue salir adelante con las ayudas del FGD o, directamente, presenta problemas serios de recursos propios que comprometen su solvencia, el Banco de España puede aplicar una medicina más fuerte. La entidad recibirá recursos directos del Frob –a través de la compra de cuotas participativas con derechos políticos, en el caso de las cajas–, quien asumirá los mandos de la entidad en sustitución de los gestores y se verá obligada, ahora sí, a fusionarse con otra más fuerte. En principio, los gobiernos regionales no tendrán capacidad de vetar sobre estas operaciones corporativas, aunque el Banco de España deberá consultarles con carácter previo. No obstante, quien sí tendrá "capacidad de oponerse" será el Ministerio de Economía, que podrá negarse a que salga adelante esta operación.
Las integraciones
4) Al margen de este periplo, cabe una vía alternativa: el Frob prestará ayuda pública a las integraciones –que no fusiones– de cajas o bancos voluntarias. El nuevo fondo estatal aportará dinero para que varias entidades inicien un proceso corporativo con el objetivo poner en común algunos servicios y así mejorar su eficiencia y facilitar su financiación. Estas operaciones requieren de la aprobación del Banco de España y, además, la ministra de Economía, Elena Salgado, podría oponerse a apoyarlas con recursos públicos.
En este supuesto, las ayudas serían temporales, articuladas través de la compra de participaciones preferentes, que tendrá que recomprar la entidad socorrida en el plazo de cinco años. No obstante, el Ejecutivo contempla que esta recompra no se produzca. En este caso, el Frob podría solicitar su conversión en acciones.
Tras la aprobación del Frob el pasado viernes, se ha especulado con la posibilidad de que el Gobierno incluyese ciertas limitaciones al derecho de veto sobre las fusiones interregionales que tienen las autonomías.
En concreto, se barajó que el Frob pudiese oponerse a ayudar integraciones de entidades cuando éstas han rechazado una fusión propuesta por el Banco de España con menor impacto en el erario público. Este punto, sin embargo, no se detalla en el texto oficial publicado en el BOE el sábado. Cabe la posibilidad de que se incluya en su periplo en el Congreso, donde debe ser aprobado.
Fuente: Expansión
