Fuentes de las entidades apuntan que acudirían a rescatar a las cajas de ahorros con problemas si se lo pidiese formalmente el gobierno.
El Gobierno tiene encima de la mesa de trabajo un difícil puzle que resolver ante la inevitable reconversión que deben sufrir las cajas de ahorros. La semana pasada, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció que estas entidades van a ser las principales damnificadas por la recesión en España. Sin embargo, no está claro cómo va a abordar el Ejecutivo los problemas de solvencia que afloren en el futuro: ¿manguerazo indiscriminado de dinero público, ayudas puntuales a entidades viables, fusiones interregionales? Las especulaciones son muchas, pero los datos claros son pocos. El Ministerio de Economía trabaja en un plan de rescate que quiere consensuar con el PP y que tenga, en la medida de lo posible, el visado de otras formaciones políticas. Una de las últimas posibilidades que se ha planteado como globo sonda es que el Ejecutivo incentive que los bancos se quedan con activos y sucursales de las cajas de ahorros. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas ayer no quisieron hacer ningún comentario.
Opción ya permitida
La normativa actual ya permite que un banco se haga con parte del negocio o de la red de una caja, aunque a todas las fuentes consultadas les cuesta encontrar ejemplos de este tipo de operaciones en los últimos años. “Sólo hace falta que haya una entidad tenga voluntad de vender, aunque en ningún caso podría seguir operando bajo la marca caja de ahorros, ya que la ley no lo permite”, apuntan fuentes de la patronal del sector (Ceca).
El Banco de España se ha mostrado partidario de que las cajas tengan las mismas posibilidades de capitalización que los bancos, lo que podría abrir la posibilidad a la creación de cuotas participativas con derechos políticos (similares a las acciones de cualquier compañía cotizada). Si se produjese este cambio, que pasaría por la reforma de la Ley de Cajas, un banco podría entrar directamente en el capital de una de estas entidades y asumir su control. Esta reforma supondría cambiar de forma radical la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros y abriría un panorama completamente distinto en el sector financiero en España, una opción que parece descartada por el Gobierno.
“En los bancos no hay voluntad de entrometerse en el proceso de reestructuración de las cajas y tampoco mucha voluntad de crecer con sus sucursales o nuevo negocio”, apuntan fuentes del sector. No obstante, remarcan que sí podrían salir al rescate de las cajas si fuese el Ejecutivo quien les hiciese directamente la petición.
De esta forma, el Ejecutivo evitaría, mediente soluciones aparentemente privadas, que hubiese que recapitalizar con fondos públicos entidades con problemas de solvencia y se eludirían liquidaciones y quiebras. Desde las patronales de los bancos y las cajas (AEB y Ceca, respectivamente) se ha reiterado en diversas ocasiones que desconocen cuáles son las intenciones del nuevo equipo económico del Gobierno. De momento, no han visto siquiera un borrador del proyecto de plan de rescate en el que trabaja el Ejecutivo.
“El problema es que el tiempo pasa y se deteriora la confianza en el sistema financiero, algo fundamental en nuestro sector”, apuntan voces autorizadas de la banca. Un caso paradigmático de los problemas que genera la falta de definición por parte del Gobierno es la intervención por el Banco de España de Caja Castilla-La Mancha el 29 de marzo. Más de un mes y medio después de esta actuación, se desconoce cuál va a ser la hoja de ruta que defina el futuro de la entidad y cuál serán las bases de actuación ante nuevos problemas que puedan resolverse de forma privada (con soluciones aportadas por el mercado) o bajo la intervención pública.
La reconversión del sector de las cajas de ahorros no se va a restringir a unas pocas entidades. El Banco de España, quien realmente conoce la salud del sector, ya ha señalado que para “un buen número” de ellas, la racionalización de sus costes no va a ser suficiente para que puedan sobrevivir en el nuevo entorno bancario, caracterizado por un menor negocio tras la expansión excesiva en la última década de bonanza. Tendrán que ir a fusiones.
Si estas operaciones requieren de ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), su actual dotación no va a ser suficiente: la intervención de CCM se ha llevado 1.300 millones de los casi 4.000 que guardaban las cajas en este fondo. Aquí es donde acaban los datos y empiezan las especulaciones. Nadie sabe si habrá un nuevo fondo público o si habrá nuevas aportaciones del sector al FGD. Lo único que se sabe es que, de momento, la casa está sin barrer.
Fuente: Expansión
