Por Dan Fitzpatrick
Bank of America Corp se ha ofrecido a devolver una parte de su paquete de rescate y Estados Unidos intenta que el banco pague al menos US$500 millones por poner fin a un pacto provisional por el que el gobierno habría compartido sus pérdidas en ciertos activos.
Según fuentes al tanto, la devolución se haría de las ayudas adicionales federales con las que se ayudó a BofA a completar la adquisición de Merrill Lynch & Co. De tener éxito las negociaciones, el banco podría reducir la presencia estatal en sus negocios.
La entidad no se ha ofrecido a devolver la totalidad de los US$45.000 millones en ayudas recibidas del programa estatal TARP, como algunos otros bancos han hecho. En su lugar, el BofA sugiere que podría empezar con los US$20.000 millones de ayudas estatales adicionales que recibió en enero cuando no sabía con certeza si completaría la adquisición de Merrill.
Esta devolución implicaría que el banco ya no sería considerado receptor de ayuda "excepcional", designación que le ha puesto bajo el escrutinio de reguladores y Congreso estadounidense y ha puesto sus paquetes salariales en revisión por parte de la Casa Blanca.
Las negociaciones entre Bank of America y el gobierno son el último ejemplo de los intentos de las grandes empresas por librarse de las garras del Estado tras las ayudas extraordinarias que éste les brindó el año pasado. Algunas otras grandes firmas, como Goldman Sachs Group Inc, ya han devuelto la inversión estatal, pero la situación de Bank of America se consideraba mucho más compleja.
Además de darle más dinero del TARP, el Gobierno acordó en enero absorber una porción de las pérdidas de BofA en una cartera de activos de US$118.000 millones de la entidad y de Merrill. El banco sería responsable de los primeros US$10.000 millones de pérdidas y el 90% de la cantidad restante sería cubierta por el Estado.
A cambio de esta protección, el banco emitiría acciones preferentes por valor de US$4.000 millones para el Tesoro, con un dividendo del 8%, que costarían a la entidad unos US$320 millones al año. BofA también pagaría a la Reserva Federal US$236 millones.
Si el banco deseaba poner fin al acuerdo, debía pagar una "comisión apropiada". El Tesoro y la Reserva Federal piden al banco que pague entre US$300 millones y US$500 millones para cancelar el plan y presionan a los ejecutivos para que consideren una cifra más cerca de los US$500 millones, indicó una fuente conocedora de la situación. La entidad está ahora estudiando la petición.
El banco y el gobierno nunca firmaron un contrato definitivo sobre el reparto de pérdidas por el desencuentro sobre lo que cubriría y BofA dijo en mayo que quería renunciar a él. La entidad opina que los reguladores "intentaron cambiar las reglas del juego", dijo una persona conocedora de la posición del banco.
El banco era contrario a la idea de una comisión de salida ya que consideraba que sus posiciones nunca se cubrieron realmente. Los reguladores señalaban, por su parte, que la entidad se benefició de la protección, por lo que el banco debería pagar igual que si el acuerdo hubiera existido legalmente desde enero hasta mayo.
El tira y afloja sobre el tema creó problemas políticos para ambas partes y los grandes accionistas se pusieron de parte del banco, mientras que los congresistas presionaban al Tesoro para que no permitiera que la entidad saliera del programa sin pagar nada.
Algo que podría dar al banco más libertad es una salida parcial del TARP, del que BofA ha recibido en total US$45.000 millones. En junio, se permitió a varias firmas deseosas de escapar del escrutinio estatal devolver el dinero de sus rescates al Estado. Así, JP Morgan Chase & Co pagó US$25.000 millones, Goldman Sachs y Morgan Stanley pagaron US$10.000 millones cada uno, US Bancorp devolvió US$6.600 millones y American Express pagó US$3.400 millones. El consejero delegado de BofA, Kenneth Lewis, dijo a los inversores en julio que en su opinión habría que devolver las ayudas del TARP en dos fases, según fuentes conocedoras de sus comentarios.
En la primera fase, el banco devolvería los US$20.000 millones de la ayuda extraordinaria. Una vez probara que podría afrontar ese pago, la entidad podría devolver los US$25.000 millones distribuidos el pasado otoño, según fuentes conocedoras del proceso.Aún hay cierto desacuerdo sobre si el banco debería tener que devolver los US$45.000 millones para salir de la categoría de entidades receptoras de ayuda extraordinaria, dijo otra persona conocedora de la situación. Salir de este grupo no sólo permitiría al banco librarse del estigma de haber tenido que recibir ayuda extra, sino que también le eximiría de la revisión de los salarios de sus ejecutivos por parte de Kenneth Feinberg, designado por la Casa Blanca para llevarla a cabo.
El banco espera actualmente la aprobación de su plan de compensación para 2009. La propuesta remitida a Feinberg contiene poco efectivo y gran cantidad de lo que la entidad llama acciones "fantasma" que no pueden convertirse en acciones reales durante un tiempo determinado, según fuentes.
Un portavoz del banco rehusó dar detalles sobre el paquete de retribuciones pero dijo que "es importante ver el paquete en su totalidad para entender el alcance total de lo que estamos haciendo".
Pero ni siquiera la salida del TARP acabaría totalmente con la participación estatal en las operaciones de BofA. Aún deberá introducir mejoras en su gestión del riesgo y la liquidez, además de remodelar el consejo de administración, de acuerdo con el marco regulatorio al que está sometido.
Fuenter: WSJ
