El Gobierno de Brasil está preparando fuertes recortes en los altos costes laborales del país con el objetivo de mejorar la productividad y el crecimiento, según ha explicado Guido Mantega, el ministro de Hacienda, a Financial Times.
“Tenemos la posibilidad de convertir la crisis económica global en una oportunidad”, aseguró Mantega. “Queremos dar un salto cualitativo en la productividad y situar a Brasil a la vanguardia del crecimiento global. Estas medidas permitirán a una serie de industrias competir en los mercados mundiales”.
Las medidas, cuyo anuncio se espera en las próximas semanas, incluyen la supresión del 25,5% del salario bruto de cada empleado que los empresarios tienen que destinar a una serie de fondos de asistencia social.
El Gobierno ha puesto en marcha una gran cantidad de iniciativas para contrarrestar los efectos de la crisis económica global desde el año pasado. Extrajo 100.000 millones de reales brasileños (36.000 millones de euros) de los requisitos de reserva –el porcentaje que los bancos tienen que entregar de sus depósitos al banco central– para financiar al sector bancario durante las primeras fases de la crisis crediticia. También realizó recortes a corto plazo en los impuestos sobre las ventas de vehículos y de los electrodomésticos más caros, que recuperaron rápidamente el nivel previo a la crisis.
Muchos de esos recortes fiscales, que habían de expirar el 30 de junio, se prolongaron la semana pasada varios meses más. También se concedieron nuevas excepciones a productos concretos.
“Hemos usado algunas medidas a corto plazo para favorecer un impulso durante la crisis”, explicó Mantega. “En la actualidad, estamos trabajando en medidas para el periodo posterior a la crisis con el objetivo de aprovechar las oportunidades que se le presenten a Brasil. Por ese motivo, la industria necesita costes más bajos”.
Mantega aseguró que los recortes en las contribuciones de los empresarios no supondrían pérdidas de beneficios para los trabajadores. “Cubriremos las rebajas con otras medidas”, apuntó, aunque se negó a dar más detalles.
Durante el último mes han surgido temores a que el gobierno no pueda implementar nuevas medidas de estímulo. El coste de las anteriores medidas, junto con el descenso de los ingresos fiscales, ha situado al Ejecutivo en números rojos tras años de consistentes superávit presupuestarios primarios (ingresos menos gastos, sin contar los pagos de las deudas).
También preocupa que algunas decisiones –como el aumento de los salarios para los trabajadores del sector público, cuya posterior inversión es más complicada– supongan una carga a largo plazo para unas cuentas públicas necesitadas ya de una reforma.
La deuda pública neta ha caído a cerca del 38% del producto interior bruto, aunque la deuda bruta ha aumentado desde el comienzo de la crisis hasta aproximadamente el 61% del PIB.
Pese a que la reducción de las cargas laborales será bien recibida por las empresas, la medida no contribuirá a reducir la rigidez de las leyes laborales brasileñas, que fueron importadas de la Italia de Mussolini en la década de 1930 y que otorgan generosos beneficios a los empleados al tiempo que dificultan las contrataciones y los despidos a las empresas.
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