Defienden que los pagos a la Seguridad Social, que representan el 32% de los ingresos públicos, son «excesivos» y encarecen la contratación.
La demografía es tozuda y los recursos escasos. Desde este tablero de partida los expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) alertan en su último Cuadernos de Información Económica de la necesidad de abordar una «reforma profunda» en el sistema de pensiones que contemple, entre otros aspectos, el «aumento gradual» de la jubilación legal hasta los 70 años.
De esta forma, el director del informe –el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá, Manuel Lagares– recoge el guante del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando el pasado abril abrió la caja de los truenos al sugerir que España debería elevar su edad de retiro hasta los 67, igual que Alemania.
Esta petición, según los autores del informe, va en línea con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el acuerdo firmado en 1995 para velar por la salud financiera de las pensiones, y su aplicación parece ahora inexcusable. «El periodo de vida media en que se recibe una pensión ha aumentado en nueve años desde 1975 lo que representan un factor muy negativo para el equilibrio de la Seguridad Social».
También con el objetivo de «dar cumplimiento al Pacto de Toledo» los expertos inciden en que debería cambiarse el periodo de cotización para fijar la pensión, lo que obliga a tener en cuenta toda la carrera laboral –y no sólo los últimos quince años– para calcular la prestación que le corresponde a un jubilado. Como un cómputo tan alargado discriminaría a quienes hayan estado alguna vez en el paro, Lagares recomienda acotar «inicialmente» a unos 20 ó 25 años el periodo a tener en cuenta.
Pero el desmantelamiento no acaba ahí. El sistema de pensiones podría terminar planteando «serios problemas de sostenibilidad e, incluso, aumentaría las ineficiencias que ya genera en la economía española», si en el nuevo diseño se omite un recorte de las cotizaciones. Éstas «tienen un peso excesivo sobre los costes de las empresas, encareciendo el uso del factor trabajo y dificultando el empleo», apunta Lagares. De hecho, su recaudación se traduce en el 32,2% del total de ingresos públicos, frente al 29,4% del promedio de la eurozona.
Pero, sin duda, la vértebra de las críticas recae sobre el hecho de que los pagos por parte de los trabajadores y las empresas a la Seguridad Social «responden a un estilo impositivo muy rudimentario». Básicamente, porque se recaudan mediante bases tarifadas que se limitan a tres escalones, en el régimen general, que no tienen en cuanto los ingresos, sino categorías laborales. Por lo demás, los analistas critican que el tipo de gravamen –en torno al 30%– «es muy alto» y «genera importantes distorsiones en el empleo».
Aunque los autores del informe abogan por rebajar las cotizaciones, uno de los reclamos históricos de la patronal, no pasan por alto que podrían compensarse con un «moderado aumento del IVA».
Mientras las reformas pendientes se acumulan sobre la mesa, la encuesta de las Cajas de Ahorros sobre confianza económica muestra que un 89% de los españoles percibe un empeoramiento de la economía nacional durante el último año y el 74% espera «peores tiempos».
El «inmerecido» ataque a los planes privados
«No puede entenderse la razón del fuerte e inmerecido ataque que recibió el sistema complementario [de pensiones] en la reforma del IRPF de 2006», asevera el catedrático de Hacienda Pública, Manuel Lagares, en el estudio elaborado para Funcas.
La reforma considera toda la prestación recibida como rendimiento del trabajo –sometido a un gravamen de entre el 24% y el 43%– y obvia que una parte se deriva de la acumulación de rendimientos de capital mobiliario (intereses, dividendos o ganancias patrimoniales), sometidos al tipo del 18%.
Fuente: Expansión
