por Expansión.com
La agencia de calificación crediticia vuelve a estrechar el cerco sobre el sector financiero europeo, al advertir de rebajas de ráting a los bancos con mayor exposición a Europa del Este. Las entidades españolas se quedan fuera así de una lista en la que destacan bancos de Austria, Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Suecia.
La banca europea vuelve a estar bajo presión. El sector comienza la jornada con nuevos descensos, del 1,5% en el índice Stoxx600 Banks, y con nuevas amenazas.
Moody's ha advertido hoy de posibles rebajas de ráting como consecuencia de la exposición a los mercados financieros de los países de Europa del Este. La amenaza alcanza a bancos de media Europa, y excluye a los españoles, sin una presencia representativa en estos mercados.
En su informe, Moody's explica que "el deterioro en Europa del Este será más severo como consecuencia de la dependencia de muchos países de los flujos de capital procedentes de bancos de Europa occidental".
La mayor exposición corresponde a las entidades de Austria, Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Suecia, que acaparan el 84% de los créditos concedidos por bancos occidentales a Europa del Este.
La crisis económica y financiera ha provocado que el Fondo Monetario Internacional haya ofrecido ya su ayuda a países como Letonia, Hungría, Serbia y Ucrania, en una ayuda que podría extenderse a otros países vecinos.
La previsión de mayores problemas llevó el pasado mes de diciembre a los bancos austriacos, a los italianos Intesa y Unicredit, al francés Société Générale y al belga KBC a proponer a la Unión Europea una ayuda financiera para los países de Europa del Este.
La reacción de los inversores no se hace esperar. Entre la entidades occidentales con mayor exposición a estos mercados destacan el austriaco Raiffeisen y sueco Swedbank. Las acciones del primero bajan hoy un 10% en bolsa, y un 3,5% las del nórdico. Además, los títulos de Société Générale y Unicredit cotizan un 7,5% y un 6,6% a la baja, respectivamente.
2009/03/09
Las reformas, la única salida a una recesión en forma de L
por Wolfgang Münchau. Financial Times
EEUU está retrasando las soluciones que deberían aplicarse al sector financiero. La UE está haciendo lo mismo, incapaz de adoptar políticas que le protejan de un ataque especulativo, que parece cada vez más probable. A juzgar por el estado de los preparativos, la próxima cumbre del G20 va camino de convertirse en un fracaso.
Todo apunta a que la recesión no va a ser en forma de V, ni de U, sino que va a tener forma de L, la más parecida a una depresión, que comienza con una fuerte caída, seguida por años con un bajo índice de crecimiento. En una recesión en forma de V, la recuperación es prácticamente inmediata. Si tuviera forma de U, tendría más difícil solución.
En mi opinión, en este momento nos encontramos en mitad de la barra vertical de la L; la parte horizontal es la que más temores provoca. La historia nunca se repite con exactitud, pero, en el caso de la historia económica, las crisis financieras son sorprendentemente parecidas. El caso de Japón parece estar extendiéndose a todo el mundo. Sin una reestructuración financiera, es imposible asistir a una recuperación de la economía. Y Japón tuvo suerte, teniendo en cuenta que, en plena crisis, la economía mundial se encontraba en un estado envidiable. La mejor forma de luchar contra un desastre de esas características es reestructurar el sistema financiero y fomentar un estímulo económico a corto plazo a través de políticas monetarias y fiscales.
En una conferencia de Aspen Italia celebrada hace poco en Roma, el ex asesor económico de Ronald Reagan, presidente de la Oficina Nacional de Investigación Económica, Martin Feldstein, calculó que el gasto de los consumidores de EEUU disminuiría en 500.000 millones de dólares anuales (395.000 millones de euros) y que el gasto del sector construcción se reduciría en 250.000 millones de dólares anuales. Si sumamos las dos cifras, no hay duda de que el actual paquete de estímulos es de una insuficiencia lamentable. En otras palabras, estaríamos ante la temida recesión en forma de L, lo que dificultaría también el ajuste de los balances.
El desempleo seguirá su tendencia al alza y los precios de la vivienda continuarán cayendo. Los consumidores y los bancos de EEUU pasarán, como mínimo, los próximos cinco años en proceso de desapalancamiento para poder recuperar el estado de sus balances. Durante ese periodo, los déficit por cuenta corriente de EEUU, Reino Unido, España y varios países de Europa Central y del Este caerán en picado. Si este proceso ya es prolongado en condiciones normales, en situaciones como ésta, se alarga todavía más.
Los efectos también son devastadores en el resto del mundo. La caída de los déficit por cuenta corriente se verá en parte compensada por los menores excedentes de los exportadores de gas y de petróleo como los países de Oriente Medio y Rusia. Pero son los mayores exportadores del mundo los que deberían hacerse cargo de la mayor parte de los ajustes. Alemania, China y Japón. A nivel global, los déficit por cuenta corriente y los excedentes suman cero, salvo errores estadísticos. Es cuestión de cálculos. Si EEUU deja de comprar coches alemanes, Alemania al final se verá obligada a detener su fabricación.
Si la recesión fuera en forma de U, ésta sería más grave en Alemania y Japón, por poner un ejemplo. No obstante, en esta coyuntura, ambos países serían los primeros en percibir los beneficios de la recuperación.
A pesar de que los dos países pensaban que habían hecho “los deberes”, está claro que una recesión en forma de L es la antesala de la depresión. Si nadie puede permitirse soportar un excesivo déficit durante mucho tiempo, que es lo que conlleva una recesión en L, los modelos económicos de Alemania y Japón dejarán de funcionar. El año pasado, Alemania registró un excedente por cuenta corriente superior al 7%. Hablamos del primer exportador del mundo. Las exportaciones constituyen el 41% de su PIB, cifra extraordinaria, teniendo en cuenta el tamaño del país.
Por tanto ¿qué deberían hacer estos países? La respuesta política adecuada consistiría en reducir la dependencia de las exportaciones e introducir reformas estructurales. No se trata de las reformas estructurales del pasado que aplicaban recortes de costes y mejoraban la competitividad. Hablamos de flexibilidad y movilidad.
Por desgracia, está ocurriendo justo lo contrario. Alemania parece tener adicción a su modelo de exportación. Un ejemplo es el futuro de Opel, la filial europea de General Motors. Sin la ayuda del Gobierno, es difícil que el fabricante de coches sobreviva. Los defensores de un rescate estatal de Opel recuerdan la sistemática trascendencia de la compañía, argumento, sin duda, equivocado. Es probable que éste sea el caso de los bancos, pero no de los fabricantes de coches.
No obstante, de la respuesta a este caso se deduce que Opel es sistemáticamente relevante para el modelo del país orientado a las exportaciones. Los partidarios del rescate se aferran a una estructura industrial con pocas expectativas de sobrevivir en un mundo en forma de L. Al igual que su partido, la canciller Angela Merkel parece reticente a un rescate estatal. No obstante, tratándose de un año electoral, la medida acabará aplicándose de una u otra forma.
Desde el punto de vista económico, esto es nefasto. No sólo supone una perdida del dinero de los contribuyentes. Junto a los subsidios al sector del automóvil francés, la decisión provocará un exceso de capacidad del sector, lo que ralentizará los ajustes económicos. Estamos lejos de encontrar una solución a la crisis. Después de haber cometido errores de omisión, los líderes mundiales incurren ahora en errores de gestión. Los estadounidenses sueñan con volver a un mundo de crédito al consumo, mientras los alemanes sueñan con sus líneas de producción. En una recesión en forma de L, estos sueños se pueden considerar pesadillas.
The Financial Times Limited 2009. All Rights Reserved.
EEUU está retrasando las soluciones que deberían aplicarse al sector financiero. La UE está haciendo lo mismo, incapaz de adoptar políticas que le protejan de un ataque especulativo, que parece cada vez más probable. A juzgar por el estado de los preparativos, la próxima cumbre del G20 va camino de convertirse en un fracaso.
Todo apunta a que la recesión no va a ser en forma de V, ni de U, sino que va a tener forma de L, la más parecida a una depresión, que comienza con una fuerte caída, seguida por años con un bajo índice de crecimiento. En una recesión en forma de V, la recuperación es prácticamente inmediata. Si tuviera forma de U, tendría más difícil solución.
En mi opinión, en este momento nos encontramos en mitad de la barra vertical de la L; la parte horizontal es la que más temores provoca. La historia nunca se repite con exactitud, pero, en el caso de la historia económica, las crisis financieras son sorprendentemente parecidas. El caso de Japón parece estar extendiéndose a todo el mundo. Sin una reestructuración financiera, es imposible asistir a una recuperación de la economía. Y Japón tuvo suerte, teniendo en cuenta que, en plena crisis, la economía mundial se encontraba en un estado envidiable. La mejor forma de luchar contra un desastre de esas características es reestructurar el sistema financiero y fomentar un estímulo económico a corto plazo a través de políticas monetarias y fiscales.
En una conferencia de Aspen Italia celebrada hace poco en Roma, el ex asesor económico de Ronald Reagan, presidente de la Oficina Nacional de Investigación Económica, Martin Feldstein, calculó que el gasto de los consumidores de EEUU disminuiría en 500.000 millones de dólares anuales (395.000 millones de euros) y que el gasto del sector construcción se reduciría en 250.000 millones de dólares anuales. Si sumamos las dos cifras, no hay duda de que el actual paquete de estímulos es de una insuficiencia lamentable. En otras palabras, estaríamos ante la temida recesión en forma de L, lo que dificultaría también el ajuste de los balances.
El desempleo seguirá su tendencia al alza y los precios de la vivienda continuarán cayendo. Los consumidores y los bancos de EEUU pasarán, como mínimo, los próximos cinco años en proceso de desapalancamiento para poder recuperar el estado de sus balances. Durante ese periodo, los déficit por cuenta corriente de EEUU, Reino Unido, España y varios países de Europa Central y del Este caerán en picado. Si este proceso ya es prolongado en condiciones normales, en situaciones como ésta, se alarga todavía más.
Los efectos también son devastadores en el resto del mundo. La caída de los déficit por cuenta corriente se verá en parte compensada por los menores excedentes de los exportadores de gas y de petróleo como los países de Oriente Medio y Rusia. Pero son los mayores exportadores del mundo los que deberían hacerse cargo de la mayor parte de los ajustes. Alemania, China y Japón. A nivel global, los déficit por cuenta corriente y los excedentes suman cero, salvo errores estadísticos. Es cuestión de cálculos. Si EEUU deja de comprar coches alemanes, Alemania al final se verá obligada a detener su fabricación.
Si la recesión fuera en forma de U, ésta sería más grave en Alemania y Japón, por poner un ejemplo. No obstante, en esta coyuntura, ambos países serían los primeros en percibir los beneficios de la recuperación.
A pesar de que los dos países pensaban que habían hecho “los deberes”, está claro que una recesión en forma de L es la antesala de la depresión. Si nadie puede permitirse soportar un excesivo déficit durante mucho tiempo, que es lo que conlleva una recesión en L, los modelos económicos de Alemania y Japón dejarán de funcionar. El año pasado, Alemania registró un excedente por cuenta corriente superior al 7%. Hablamos del primer exportador del mundo. Las exportaciones constituyen el 41% de su PIB, cifra extraordinaria, teniendo en cuenta el tamaño del país.
Por tanto ¿qué deberían hacer estos países? La respuesta política adecuada consistiría en reducir la dependencia de las exportaciones e introducir reformas estructurales. No se trata de las reformas estructurales del pasado que aplicaban recortes de costes y mejoraban la competitividad. Hablamos de flexibilidad y movilidad.
Por desgracia, está ocurriendo justo lo contrario. Alemania parece tener adicción a su modelo de exportación. Un ejemplo es el futuro de Opel, la filial europea de General Motors. Sin la ayuda del Gobierno, es difícil que el fabricante de coches sobreviva. Los defensores de un rescate estatal de Opel recuerdan la sistemática trascendencia de la compañía, argumento, sin duda, equivocado. Es probable que éste sea el caso de los bancos, pero no de los fabricantes de coches.
No obstante, de la respuesta a este caso se deduce que Opel es sistemáticamente relevante para el modelo del país orientado a las exportaciones. Los partidarios del rescate se aferran a una estructura industrial con pocas expectativas de sobrevivir en un mundo en forma de L. Al igual que su partido, la canciller Angela Merkel parece reticente a un rescate estatal. No obstante, tratándose de un año electoral, la medida acabará aplicándose de una u otra forma.
Desde el punto de vista económico, esto es nefasto. No sólo supone una perdida del dinero de los contribuyentes. Junto a los subsidios al sector del automóvil francés, la decisión provocará un exceso de capacidad del sector, lo que ralentizará los ajustes económicos. Estamos lejos de encontrar una solución a la crisis. Después de haber cometido errores de omisión, los líderes mundiales incurren ahora en errores de gestión. Los estadounidenses sueñan con volver a un mundo de crédito al consumo, mientras los alemanes sueñan con sus líneas de producción. En una recesión en forma de L, estos sueños se pueden considerar pesadillas.
The Financial Times Limited 2009. All Rights Reserved.
Grandes riesgos para los aseguradores de última instancia
por Martin Wolf
El gobierno británico se asemeja cada vez más a una pitón que se ha tragado hipopótamo. Al actuar como asegurador de última instancia para el sistema bancario británico, está asumiendo enormes riesgos a costa de los contribuyentes.
Si esto terminase siendo una depresión global, con grandes pérdidas para los bancos británicos, la solvencia fiscal podría incluso ponerse en duda. ¿Puede tener esto sentido? Lo dudo.
Al final del pasado año, los activos totales del sistema bancario británico ascendían a 7,9 billones de libras (8,9 billones de euros) o 5,5 veces el producto interior bruto. Este conjunto de activos se incrementó en 956.000 millones de libras entre finales de 2007 y finales de 2008, y en 4,4 billones de libras, o un 130%, entre finales de 2001 y finales de 2008. Sólo Royal Bank of Scotland representaba el 45% de este último aumento. Al final del pasado año, contaba con más activos que ningún banco británico, el 166% del PIB. Estas posiciones en activos son enormes. Debería señalarse, sin embargo, que incluyen posiciones brutas de derivados (algo que no ocurre en EEUU). Las exposiciones netas de derivados fueron muy inferiores.
RBS era un pequeño banco escocés que quería ser grande. Lo logró. Sin embargo, en la actualidad, la capitalización de mercado de RBS es de sólo 9.000 millones de libras. Y alcanza esta suma sólo porque el Tesoro no ha eliminado a los accionistas privados. El banco está, de hecho, nacionalizado. Los contribuyentes soportan el coste de garantizar esta megalomanía. Debo confesar mi interés: mis ahorros están en RBS. Por lo tanto, estoy agradecido.
De forma implícita, el gobierno británico está garantizando las deudas de los hinchados bancos británicos. Explícitamente, parece probable que garantice al menos 600.000 millones de libras de activos tóxicos de RBS y Lloyds bajo su «esquema de protección de activos». No soy populista. Sin embargo, cuando pienso en las sumas que ganan los responsables de traspasar todo este embrollo a los contribuyentes británicos, incluso mi sangre hierve.
RBS ha recibido en definitiva un seguro de 325.000 millones de libras para activos tóxicos. El primer 6% de cualquier pérdida (19.500 millones de libras) recaerá sobre RBS, que asumirá el 10% de las pérdidas por encima de este límite. El precio total que RBS paga por esta garantía es de cerca del 4% de la suma asegurada. Parte de ello se paga mediante acciones de RBS, que, por decirlo suavemente, son papel mojado. Para conseguir que este gigante siga respirando, el Tesoro ha bombeado otros 25.500 millones de libras de capital adicional.
Mi colega, Willem Buiter, expone sin rodeos en su magnífico blog que: «al igual que sus contrapartidas estadounidense y holandesa, este esquema de seguros sobre activos tóxicos no ofrece ninguna compensación social: es ineficaz, injusto y caro». ¿Está siendo demasiado duro? No mucho.
Claramente, el mayor atractivo de semejante esquema, tanto para los políticos como para los beneficiarios, es que sus costes se eliminan de las cuentas públicas. ¿Qué alcance pueden tener estos costes? Entiendo que los cálculos internos del Fondo Monetario Internacional sugieren que el apoyo al sistema bancario británico supondrá un coste del 13% del PIB, o 200.000 millones de libras. Sospecho que estas estimaciones son demasiado optimistas. Desde luego, junto con el coste de la crisis económica, es muy probable que se produzca un incremento muy por encima de 50 puntos básicos en la proporción de la deuda del sector público con respecto al PIB. Ese es el precio de la obsesión financiera. Sería similar a los costes fiscales de una guerra.
¿Por qué no habría de recaer una mayor parte de las pérdidas sobre los acreedores, además de sobre los ahorradores protegidos? Esa es la pregunta que hacen muchos economistas. Es el enfoque recomendado por aquellos que proponen la solución de un «banco bueno».
Lo importante aquí es que las pérdidas contra las que el gobierno ofrece ahora una garantía tan generosa se refieren estrictamente a las antiguas. Si queremos que los bancos concedan nuevos créditos, tiene mucho más sentido garantizar éstos que rescatar a todos aquellos que financiaron los errores del pasado. Por lo tanto, sugieren los radicales, los activos tóxicos deberían haber permanecido en manos de los accionistas y acreedores no asegurados del antiguo banco, que también obtendrían derechos sobre un nuevo y limpio banco. El riesgo moral desaparecería y los contribuyentes saldrían relativamente indemnes.
Los argumentos contra esta idea son dos: primero, la posibilidad de un impago provocaría una oleada de pánico peor que la que siguió a la quiebra de Lehman Brothers el pasado mes de septiembre; y, segundo, por este motivo, ningún gobierno podría atreverse a hacerlo en solitario.
A diferencia del profesor Buiter, reconozco que estos argumentos podrían ser válidos en las actuales circunstancias. Desde luego, no siento ningún deseo de empeorar aún más la crisis. Pero, si es así, ofrecen implicaciones convincentes.
Una es que debemos crear mecanismos eficaces para la quiebra de instituciones financieras de gran tamaño. De hecho, esta es de lejos la lección más importante de la crisis. Otra es que si las instituciones importantes son demasiado grandes y están demasiado interconectadas como para permitir su quiebra, precisamente porque están destinadas a meterse en serios problemas juntas, entonces hablar de mantenerlas como operaciones «comerciales», tal y como hace el ministro de Finanzas, es una broma de mal gusto. Esos bancos no son operaciones comerciales; son caros tutelados del estado que deben ser tratados como tales.
El gobierno británico tiene que tomar una decisión. Si considera que los costosos rescates deben apilarse sobre otros más costosos, entonces el sistema bancario nunca más podrá volver a ser tratado como una actividad comercial: es un servicio público regulado –fin de la historia–. Si el gobierno quiere que sea una actividad comercial, entonces los impagos son necesarios, tal y como exponen ahora algunos. Escoge. Pero no pienses que puedes tener ambos. Reino Unido no puede permitírselo.
The Financial Times Limited 2009. All Rights Reserved.
El gobierno británico se asemeja cada vez más a una pitón que se ha tragado hipopótamo. Al actuar como asegurador de última instancia para el sistema bancario británico, está asumiendo enormes riesgos a costa de los contribuyentes.
Si esto terminase siendo una depresión global, con grandes pérdidas para los bancos británicos, la solvencia fiscal podría incluso ponerse en duda. ¿Puede tener esto sentido? Lo dudo.
Al final del pasado año, los activos totales del sistema bancario británico ascendían a 7,9 billones de libras (8,9 billones de euros) o 5,5 veces el producto interior bruto. Este conjunto de activos se incrementó en 956.000 millones de libras entre finales de 2007 y finales de 2008, y en 4,4 billones de libras, o un 130%, entre finales de 2001 y finales de 2008. Sólo Royal Bank of Scotland representaba el 45% de este último aumento. Al final del pasado año, contaba con más activos que ningún banco británico, el 166% del PIB. Estas posiciones en activos son enormes. Debería señalarse, sin embargo, que incluyen posiciones brutas de derivados (algo que no ocurre en EEUU). Las exposiciones netas de derivados fueron muy inferiores.
RBS era un pequeño banco escocés que quería ser grande. Lo logró. Sin embargo, en la actualidad, la capitalización de mercado de RBS es de sólo 9.000 millones de libras. Y alcanza esta suma sólo porque el Tesoro no ha eliminado a los accionistas privados. El banco está, de hecho, nacionalizado. Los contribuyentes soportan el coste de garantizar esta megalomanía. Debo confesar mi interés: mis ahorros están en RBS. Por lo tanto, estoy agradecido.
De forma implícita, el gobierno británico está garantizando las deudas de los hinchados bancos británicos. Explícitamente, parece probable que garantice al menos 600.000 millones de libras de activos tóxicos de RBS y Lloyds bajo su «esquema de protección de activos». No soy populista. Sin embargo, cuando pienso en las sumas que ganan los responsables de traspasar todo este embrollo a los contribuyentes británicos, incluso mi sangre hierve.
RBS ha recibido en definitiva un seguro de 325.000 millones de libras para activos tóxicos. El primer 6% de cualquier pérdida (19.500 millones de libras) recaerá sobre RBS, que asumirá el 10% de las pérdidas por encima de este límite. El precio total que RBS paga por esta garantía es de cerca del 4% de la suma asegurada. Parte de ello se paga mediante acciones de RBS, que, por decirlo suavemente, son papel mojado. Para conseguir que este gigante siga respirando, el Tesoro ha bombeado otros 25.500 millones de libras de capital adicional.
Mi colega, Willem Buiter, expone sin rodeos en su magnífico blog que: «al igual que sus contrapartidas estadounidense y holandesa, este esquema de seguros sobre activos tóxicos no ofrece ninguna compensación social: es ineficaz, injusto y caro». ¿Está siendo demasiado duro? No mucho.
Claramente, el mayor atractivo de semejante esquema, tanto para los políticos como para los beneficiarios, es que sus costes se eliminan de las cuentas públicas. ¿Qué alcance pueden tener estos costes? Entiendo que los cálculos internos del Fondo Monetario Internacional sugieren que el apoyo al sistema bancario británico supondrá un coste del 13% del PIB, o 200.000 millones de libras. Sospecho que estas estimaciones son demasiado optimistas. Desde luego, junto con el coste de la crisis económica, es muy probable que se produzca un incremento muy por encima de 50 puntos básicos en la proporción de la deuda del sector público con respecto al PIB. Ese es el precio de la obsesión financiera. Sería similar a los costes fiscales de una guerra.
¿Por qué no habría de recaer una mayor parte de las pérdidas sobre los acreedores, además de sobre los ahorradores protegidos? Esa es la pregunta que hacen muchos economistas. Es el enfoque recomendado por aquellos que proponen la solución de un «banco bueno».
Lo importante aquí es que las pérdidas contra las que el gobierno ofrece ahora una garantía tan generosa se refieren estrictamente a las antiguas. Si queremos que los bancos concedan nuevos créditos, tiene mucho más sentido garantizar éstos que rescatar a todos aquellos que financiaron los errores del pasado. Por lo tanto, sugieren los radicales, los activos tóxicos deberían haber permanecido en manos de los accionistas y acreedores no asegurados del antiguo banco, que también obtendrían derechos sobre un nuevo y limpio banco. El riesgo moral desaparecería y los contribuyentes saldrían relativamente indemnes.
Los argumentos contra esta idea son dos: primero, la posibilidad de un impago provocaría una oleada de pánico peor que la que siguió a la quiebra de Lehman Brothers el pasado mes de septiembre; y, segundo, por este motivo, ningún gobierno podría atreverse a hacerlo en solitario.
A diferencia del profesor Buiter, reconozco que estos argumentos podrían ser válidos en las actuales circunstancias. Desde luego, no siento ningún deseo de empeorar aún más la crisis. Pero, si es así, ofrecen implicaciones convincentes.
Una es que debemos crear mecanismos eficaces para la quiebra de instituciones financieras de gran tamaño. De hecho, esta es de lejos la lección más importante de la crisis. Otra es que si las instituciones importantes son demasiado grandes y están demasiado interconectadas como para permitir su quiebra, precisamente porque están destinadas a meterse en serios problemas juntas, entonces hablar de mantenerlas como operaciones «comerciales», tal y como hace el ministro de Finanzas, es una broma de mal gusto. Esos bancos no son operaciones comerciales; son caros tutelados del estado que deben ser tratados como tales.
El gobierno británico tiene que tomar una decisión. Si considera que los costosos rescates deben apilarse sobre otros más costosos, entonces el sistema bancario nunca más podrá volver a ser tratado como una actividad comercial: es un servicio público regulado –fin de la historia–. Si el gobierno quiere que sea una actividad comercial, entonces los impagos son necesarios, tal y como exponen ahora algunos. Escoge. Pero no pienses que puedes tener ambos. Reino Unido no puede permitírselo.
The Financial Times Limited 2009. All Rights Reserved.
Los inversores bajistas atacan los cimientos de la banca española
por Carmen Rosique
¿Es lícito ganar dinero aunque sea a costa de la solidez del sector financiero? Hubo una época en la que ganar dinero en bolsa era relativamente fácil y suponía una explosión de alegría en el mercado. Ahora el cuento ha cambiado.
La bolsa respira un día y sufre cuatro de penitencia. Los inversores que ganan dinero a espuertas son los que adoptan estrategias bajistas y eso no está tan bien visto. Últimamente proliferan sus ataques a los bancos españoles. Ayer, BBVA, Santander, Sabadell y Popular sufrieron otra oleada.
Una parte del mercado cree que es lícito intentar ganar dinero con todas las estrategias legales permitidas y las ventas a corto, como se conocen las apuestas bajistas, lo son. Pero esta teoría tiene muchos detractores, entre los que hay cotizadas que asisten al desplome de su valor sin que consideren que hay razones fundamentales que lo justifiquen. Algunas, como Mapfre, contraatacan con un plan de recompra de acciones propias para defenderse del ataque.
Muchas entidades aseguran que han mostrado su preocupación a la CNMV y reclaman una intervención porque consideran que hay grandes inversores que no juegan limpio: estarían tumbando el precio intencionadamente con informes y rumores catastrofistas por parte de firmas de inversión extranjeras. Es decir, habría manipulación.
En esta línea se situó el sindicato de servicios financieros Comfia, de CCOO, la semana pasada. Solicitó a la CNMV la prohibición temporal de las operaciones a corto al considerar que la operativa de los hedge funds distorsiona el valor de las empresas y ataca a su solvencia.
Una decisión consensuada
Los responsables del supervisor han dejado claro en sus últimas intervenciones que no harán nada fuera de la decisiones coordinadas que se adopten en Europa. El supervisor español decidió en septiembre que, a diferencia de otros supervisores, como el británico o el estadounidense, no iba a prohibir las ventas a corto. Sólo obliga , desde entonces, a comunicar variaciones que superen el 0,25% del capital de una financiera cotizada.
El presidente de la CNMV, Julio Segura, ha asegurado en varias ocasiones que acertaron con la decisión, ya que donde se prohibieron las ventas a corto no se evitó el desplome de las cotizaciones. Según dijo en su intervención en el VIII Congreso Nacional de Economía, el pasado noviembre, “prohibirlas habría generado problemas para el funcionamiento regular de los mercados, los creadores de liquidez y la cobertura normal de ciertos riesgos”. Otras cotizadas, no financieras, critican que no sea una medida que afecte a todas porque les deja en inferioridad de condiciones.
“Gran parte del volumen que se está negociando en bolsa es de posiciones bajistas manejadas por inversores institucionales extranjeros”, aseguran desde una entidad para explicar lo fácil que resulta ahora hundir las cotizaciones.
El caso más sangrante es el que sufren los bancos, cuyas cotizaciones han retrocedido a niveles de años atrás (1997 en el caso de BBVA y Popular) acosados por las apuestas bajistas. Pero en este caso, desde distintos frentes del mercado alertan que está en juego la confianza sobre los bancos españoles.
Distintas fuentes financieras advierten que esta operativa bursátil no se puede descontrolar porque si derrumba las cotizaciones de los bancos puede crear una crisis de confianza en las entidades. Esto no sólo cala en los pequeños accionistas, que desmoralizados acaban por vender en el peor momento.
Puede afectar a los clientes, que preocupados por el desplome en bolsa del banco duda de la solvencia de la entidad y decide retirar sus depósitos. “Puede hacer pensar que el banco tiene problemas y desatar el pánico entre los clientes”, apunta el directivo de una sociedad de valores. Algunas entidades aseguran que es preocupante que en una sola sesión los hedge fund han llegado a mover el 90% de las operaciones sobre varios bancos.
El miedo en cadena sería difícil de controlar. “Hay que prohibir las ventas a corto porque están jugando con la confianza sobre el sistema financiero”, aseguran desde una firma de inversión.
Desde otra entidad añaden que el ataque bajista torpedea a muchas pymes españolas, que utilizaron acciones como garantía sobre préstamos. Conforme éstas pierden valor tienen que aportar garantías nuevas y en un momento de restricción del crédito están asfixiados.
Diferente rasero
Respecto a la poca efectividad que ha tenido en otros países la prohibición, desde el sector financiero español aseguran que su caso es diferente al de otros europeos porque ninguna entidad cotizada está en la situación crítica que se ha vivido en otros países, que la situación no es extensiva. “Seguimos obteniendo beneficios, repartiendo dividendos y somos muy sólidos”, afirman desde un banco.
Otros expertos apuntan que en esto de la operativa bajista hay algo muy importante que hay que controlar: los movimientos que hacen muchos bancos de inversión y depositarios. Sospechan que para realizar estas apuestas bajistas se están prestando entre ellos acciones de sus clientes (propietarios de títulos) sin que tengan conocimiento de ello.
Esto implica que aunque se prohibieran las ventas a corto en España podrían realizarse apuestas bajistas encubiertas. Por eso reclaman más control de la CNMV de los movimientos de préstamo. Además, se pueden adoptar estrategias bajistas con otras fórmulas, como vía derivados, por lo que no se arregla el problema. Los nervios están a flor de piel.
Fuente: Expansión
¿Es lícito ganar dinero aunque sea a costa de la solidez del sector financiero? Hubo una época en la que ganar dinero en bolsa era relativamente fácil y suponía una explosión de alegría en el mercado. Ahora el cuento ha cambiado.
La bolsa respira un día y sufre cuatro de penitencia. Los inversores que ganan dinero a espuertas son los que adoptan estrategias bajistas y eso no está tan bien visto. Últimamente proliferan sus ataques a los bancos españoles. Ayer, BBVA, Santander, Sabadell y Popular sufrieron otra oleada.
Una parte del mercado cree que es lícito intentar ganar dinero con todas las estrategias legales permitidas y las ventas a corto, como se conocen las apuestas bajistas, lo son. Pero esta teoría tiene muchos detractores, entre los que hay cotizadas que asisten al desplome de su valor sin que consideren que hay razones fundamentales que lo justifiquen. Algunas, como Mapfre, contraatacan con un plan de recompra de acciones propias para defenderse del ataque.
Muchas entidades aseguran que han mostrado su preocupación a la CNMV y reclaman una intervención porque consideran que hay grandes inversores que no juegan limpio: estarían tumbando el precio intencionadamente con informes y rumores catastrofistas por parte de firmas de inversión extranjeras. Es decir, habría manipulación.
En esta línea se situó el sindicato de servicios financieros Comfia, de CCOO, la semana pasada. Solicitó a la CNMV la prohibición temporal de las operaciones a corto al considerar que la operativa de los hedge funds distorsiona el valor de las empresas y ataca a su solvencia.
Una decisión consensuada
Los responsables del supervisor han dejado claro en sus últimas intervenciones que no harán nada fuera de la decisiones coordinadas que se adopten en Europa. El supervisor español decidió en septiembre que, a diferencia de otros supervisores, como el británico o el estadounidense, no iba a prohibir las ventas a corto. Sólo obliga , desde entonces, a comunicar variaciones que superen el 0,25% del capital de una financiera cotizada.
El presidente de la CNMV, Julio Segura, ha asegurado en varias ocasiones que acertaron con la decisión, ya que donde se prohibieron las ventas a corto no se evitó el desplome de las cotizaciones. Según dijo en su intervención en el VIII Congreso Nacional de Economía, el pasado noviembre, “prohibirlas habría generado problemas para el funcionamiento regular de los mercados, los creadores de liquidez y la cobertura normal de ciertos riesgos”. Otras cotizadas, no financieras, critican que no sea una medida que afecte a todas porque les deja en inferioridad de condiciones.
“Gran parte del volumen que se está negociando en bolsa es de posiciones bajistas manejadas por inversores institucionales extranjeros”, aseguran desde una entidad para explicar lo fácil que resulta ahora hundir las cotizaciones.
El caso más sangrante es el que sufren los bancos, cuyas cotizaciones han retrocedido a niveles de años atrás (1997 en el caso de BBVA y Popular) acosados por las apuestas bajistas. Pero en este caso, desde distintos frentes del mercado alertan que está en juego la confianza sobre los bancos españoles.
Distintas fuentes financieras advierten que esta operativa bursátil no se puede descontrolar porque si derrumba las cotizaciones de los bancos puede crear una crisis de confianza en las entidades. Esto no sólo cala en los pequeños accionistas, que desmoralizados acaban por vender en el peor momento.
Puede afectar a los clientes, que preocupados por el desplome en bolsa del banco duda de la solvencia de la entidad y decide retirar sus depósitos. “Puede hacer pensar que el banco tiene problemas y desatar el pánico entre los clientes”, apunta el directivo de una sociedad de valores. Algunas entidades aseguran que es preocupante que en una sola sesión los hedge fund han llegado a mover el 90% de las operaciones sobre varios bancos.
El miedo en cadena sería difícil de controlar. “Hay que prohibir las ventas a corto porque están jugando con la confianza sobre el sistema financiero”, aseguran desde una firma de inversión.
Desde otra entidad añaden que el ataque bajista torpedea a muchas pymes españolas, que utilizaron acciones como garantía sobre préstamos. Conforme éstas pierden valor tienen que aportar garantías nuevas y en un momento de restricción del crédito están asfixiados.
Diferente rasero
Respecto a la poca efectividad que ha tenido en otros países la prohibición, desde el sector financiero español aseguran que su caso es diferente al de otros europeos porque ninguna entidad cotizada está en la situación crítica que se ha vivido en otros países, que la situación no es extensiva. “Seguimos obteniendo beneficios, repartiendo dividendos y somos muy sólidos”, afirman desde un banco.
Otros expertos apuntan que en esto de la operativa bajista hay algo muy importante que hay que controlar: los movimientos que hacen muchos bancos de inversión y depositarios. Sospechan que para realizar estas apuestas bajistas se están prestando entre ellos acciones de sus clientes (propietarios de títulos) sin que tengan conocimiento de ello.
Esto implica que aunque se prohibieran las ventas a corto en España podrían realizarse apuestas bajistas encubiertas. Por eso reclaman más control de la CNMV de los movimientos de préstamo. Además, se pueden adoptar estrategias bajistas con otras fórmulas, como vía derivados, por lo que no se arregla el problema. Los nervios están a flor de piel.
Fuente: Expansión
La corta escoba del Gobierno británico
por Roberto Casado
El Gobierno británico ha huido de eufemismos al llamar Operación escoba a sus
últimas iniciativas de apoyo a la banca. Como su nombre indica, la clave del
plan es barrer buena parte de los activos tóxicos que pesan en los balances de
los principales grupos financieros de Reino Unido, escondiéndolos debajo de la
alfombra del Tesoro británico.
Royal Bank of Scotland y Lloyds han colocado activos valorados en 325.000
millones de libras (373.500 millones de euros) y 260.000 millones de libras,
respectivamente, bajo el manto público. La mayor parte de esos activos
bancarios son préstamos a familias y empresas con riesgo de impago, además de
inversiones de tesorería en títulos de baja liquidez. Barclays, por su parte,
negocia el apoyo gubernamental para unos 50.000 millones de libras en activos.
En lugar de comprar la propiedad de esos activos, lo que habría generado
fuertes discusiones sobre su valoración, el Gobierno británico ha creado un
seguro para cubrir parte de las pérdidas que generen a los bancos. Según los
términos de la operación, Royal Bank of Scotland y Lloyds asumirán las
primeras pérdidas sobre los activos acogidos al plan, hasta un determinado
umbral: 19.500 y 25.000 millones de libras, respectivamente. A partir de esa
cantidad, el Gobierno asumirá el 90% de las pérdidas adicionales, y el 10% se
quedará en los bancos.
Ese seguro, que impide que las entidades caigan en la insolvencia en caso de
un aluvión de impagos, no sale gratis. A cambio del respaldo gubernamental,
los bancos van a entregar diversos instrumentos de capital al Gobierno, con lo
que éste aumentará su participación en Royal Bank y Lloyds hasta tomar una
clara mayoría del accionariado. En ambos bancos, el derecho de voto del Tesoro
queda limitado al 75%.
Otra condición del rescate es que las entidades incrementen la concesión de
créditos para reactivar la economía británica. Royal Bank of Scotland prestará
25.000 millones de libras anuales más a sus clientes, y Lloyds otros 14.000
millones de libras.
Analistas e inversores no se han quedado tranquilos tras conocer las
condiciones de la operación. Temen que el deterioro de la economía británica
alcance tal nivel que las pérdidas afecten a los activos de Royal Bank y
Lloyds no cubiertos por el seguro, lo que podría forzar una nacionalización
total de las entidades.
Roger Bootle, de Capital Economics, asegura que "sería ingenuo asumir que la
Operación escoba va a limpiar los balances de los bancos de una sola barrida.
En los próximos meses y años, préstamos que parecían seguros se convertirán en
tóxicos, conforme el aumento del desempleo y las quiebras de empresas
provoquen que familias y negocios dejen de pagar sus créditos".
Este temor pesa también sobre las entidades en manos privadas, como HSBC y
Barclays. Ayer, estas dos entidades y Royal Bank of Scotland volvieron a bajar
en bolsa, mientras Lloyds recuperó un 4%.
Por ahora, los activos de los bancos nacionalizados totalmente (Northern Rock
y Bradford & Bingley) y los activos de RBS y Lloyds acogidos a la Operación
escoba equivalen a un 52% del PIB anual de Reino Unido. Pero el conjunto de
sector financiero representa un 400% del PIB anual británico. Si el Gobierno
se ve obligado a barrer más basura, necesitará un aspirador, más que una
escoba.
Fuente: Expansión
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